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Jorge Sáinz. El Gobierno ha hecho oídos sordos al varapalo de Bruselas por su reforma del Poder Judicial. Fuentes diplomáticas en España y en Europa advierten de que el precedente es nefasto para España y auguran que Sánchez no tendrá más remedio que "retirar la propuesta". Pero el Ejecutivo asegura a Vozpópuli que la iniciativa sigue en pie. Pedro Sánchezintenta trasladar la presión al PP. Y los portavoces del Gobierno y el PSOE han sugerido que la reforma solo decaerá si el partido de Pablo Casado se sienta a negociar ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

No ha sido un día fácil para el Gobierno en Bruselas. La Comisión Europea ha dado un toque de atención a Sánchez por su plan para tumbar la mayoría cualificada en la elección de vocales del órgano de gobierno de los jueces. Bruselas ha señalado que "los Estados miembros deben cumplir los requisitos de la Unión Europea para asegurar que la independencia judicial no está comprometida". Y ha recordado al Gobierno español que no puede acometer un cambio de estas características sin consultar a las partes afectadas en España.

"Es muy importante asegurar que el CGPJ no sea percibido como un órgano vulnerable al control político", ha dicho Christian Wigand, portavoz de la comisaria de Justicia de la UE.

Fuentes del Gobierno sostienen que el mensaje de Bruselas no altera sus planes. La proposición de ley registrada en el Congreso sigue adelante. Y la sugerencia es que la forma de evitarlo es que el PP se siente a "negociar ya" la renovación del CGPJ, que lleva dos años bloqueado.

Retirar la propuesta si negocia el PP

López Aguilar preside la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Y ha sido uno de los principales artífices del Rule of Law Mechanism (Mecanismo de Estado de Derecho) como salvaguarda para acceder a los fondos europeos. López Aguilar ha dicho que explicarán las veces que haga falta a sus compañeros el encaje en la arquitectura europea de la propuesta de los partidos de la coalición. Y ha insistido en lanzar el órdago al PP de sentarse a negociar para paralizar esta reforma.

"Estamos hablando de una iniciativa legislativa que acaba de ser adoptada y que por lo tanto no es ley", explica el eurodiputado socialista sobre la proposición del PSOE y Unidas Podemos. "Hay un modo muy sencillo de que quien ha puesto el grito en el cielo con esta iniciativa la paralice y la haga innecesaria, y es que el PP se siente hoy mismo a negociar la renovación de los órganos constitucionales bloqueados y sea parte de los tres quintos actualmente requeridos".

El líder del PP, Pablo Casado, ya ha dicho que no aceptará ese chantaje. Y en el PSOE, donde aún queda alguna voz crítica, hay quien piensa que Sánchez ha actuado con torpeza. Y que si pensaba usar esta iniciativa como órdago para presionar al PP, la Comisión Europea ha dado la razón a la negativa de Casado.

"Lo que ha conseguido es el efecto contrario y ha sido una torpeza", dicen fuentes críticas del PSOE. "Hemos perdido los incentivos para que el PP se siente a negociar".

Así serán los pasos contra España si Bruselas objeta la reforma del CGPJ

El Gobierno de Pedro Sánchez se puede enfrentar a un tortuoso camino en las instituciones europeas si prospera su reforma exprés del Poder Judicial. Tanto la Comisión Europea como el Consejo tienen mecanismos punitivos para los Estados miembros que infringen la normativa comunitaria con su legislación nacional.

España se podría topar con dos caminos que conducen a sanciones. El más común pasa por las manos de la Comisión, que en todo caso no se podrá pronunciar de forma taxativa hasta que la nueva ley esté en vigor. Tanto PSOE como Podemos coinciden en que las modificaciones en la ley del Poder Judicial podrían entrar en vigor en dos meses.

En ese momento, el Ejecutivo comunitario analizaría si la ley española es compatible con la normativa europea. Es decir, si incumple alguna directiva o norma de la UE. En el caso de que Bruselas observase una vulneración de la misma, mandaría una primera carta al Gobierno español conminándole a modificarla en un plazo determinado de tiempo, que suele ser de varios meses.

Si España no contestase a la misiva o persistiese en su empeño, entonces Bruselas enviaría una segunda carta que en el argot comunitario se conoce como "opinión razonada". El Ejecutivo comunitario indicaría entonces dónde están las vulneraciones de la normativa europea y recomendaría a Madrid el contenido que hay que cambiar. En este caso también se le daría un plazo determinado para ello.

En el caso de que el Ejecutivo de Sánchez persistiese en su empeño, la Comisión Europea podría abrir entonces un procedimiento de infracción contra España ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), órgano con sede en Luxemburgo que, en último término, tendría la potestad de imponer sanciones económicas por cada día que pase el Estado miembro sin adecuar su legislación a la normativa europea.

Bruselas ha abierto varios procedimientos de infracción contra Polonia y Hungría por cuestiones relacionadas con el Poder Judicial. En mayo de este año, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, anunció el cuarto procedimiento contra Polonia por atentar contra el Estado de derecho. El nuevo expediente cuestionaba la reforma judicial introducida en febrero pasado por el Gobierno polaco que lidera el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) y que, según Bruselas, atentaba contra la independencia de los jueces. Varsovia recibió un plazo de dos meses para tomar medidas y enmendar la reforma.

"La nueva ley sobre el poder judicial socava la independencia judicial de los jueces y es incompatible con el derecho primario de la UE", resumió la comisaria checa al referirse a una ley criticada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

A juicio del Ejecutivo comunitario, la norma polaca del PiS impide a los jueces aplicar determinadas disposiciones de la legislación de la UE para proteger la independencia judicial. Un ejemplo era la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea ya llevó a Polonia ante el TJUE en 2019 por el régimen disciplinario aplicable a los jueces del Tribunal Supremo y otras instancias.

La mayor parte de las condenas judiciales de España en Luxemburgo ha sido por temas medioambientales. Nuestro país ha tenido el dudoso honor de encabezar durante varios años el ranking de infracciones abiertas por este motivo. A inicios de este 2020, antes de la pandemia, España era el segundo país más infractor por detrás de Grecia con 24 casos. En 2018 llegó a tener hasta 32 contenciosos abiertos con la Comisión Europea.

El artículo 7 del Tratado

La segunda vía es la activación del artículo 7 del Tratado de la UE cuando un país no cumple el artículo 2 en el que se enumeran los principios de libertad, Derechos Humanos y Estado de Derecho que rigen en toda la Unión Europea. Este camino es excepcional, para casos extremos, y el país señalado puede quedarse sin derecho de voto en la toma de decisiones del Consejo de la UE, el órgano que forman los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. En la práctica, supone una suspensión de facto de ese Estado miembro.

La activación de dicho artículo parte de la Comisión Europea -como fue en el caso polaco- o del Parlamento Europeo -caso húngaro-. En ambos casos se pasa por una votación de la Eurocámara, que tiene la potestad de instar al Consejo a que actúe contra un Estado miembro ante la existencia de un claro riesgo de vulneración de los derechos comunitarios. Antes de hacerlo, los ministros deben escuchar a las autoridades nacionales concernidas.

Ambos casos están ahora en manos del Consejo, es decir, de los países europeos que tendrán que decidir y votar, en último término, si constatan la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en esos países. Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de 4/5 de los Estados miembros sin contar el país afectado. Es decir, 22 de 27 socios, según recordaba Efe. Los países también pueden optar por hacer recomendaciones al país destinadas a hacer frente a los peligros para los valores fundacionales de la Unión Europea.

Según el primer informe sobre el Estado de Derecho publicado por la Comisión Europea el pasado septiembre, las reformas judiciales en Polonia han sido desde 2015 "una fuente importante de controversia, tanto a escala nacional como de la Unión Europea, y han suscitado graves dudas, varias de las cuales persisten".

Las reformas de Varsovia han afectado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Además, han aumentado la influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el sistema judicial y, por lo tanto, han debilitado la independencia judicial.

En 2019 y 2020, la Comisión puso en marcha dos nuevos procedimientos de infracción para salvaguardar la independencia judicial y el Tribunal de Justicia de la UE concedió medidas provisionales para suspender las competencias de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo en asuntos disciplinarios que implican a jueces.

En cuanto a Hungría, la independencia judicial en este país centroeuropeo también es fuente de "preocupación" para las instituciones europeas. Ya en 2018, el pleno del Parlamento Europeo recomendó aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría, al considerar que existía un riesgo de violación del Estado de Derecho.

A eso se sumaba la negativa del Gobierno de Viktor Orban a acoger refugiados, las trabas a la libertad de prensa y expresión, la aprobación de las leyes sobre control de las ONG y sobre universidades, que ponía obstáculos a la Universidad Centroeuropea del magnate George Soros, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la libertad religiosa.

Las nuevas normas permiten la designación para el Tribunal Supremo de miembros del Tribunal Constitucional, elegidos por el Parlamento, fuera del procedimiento normal, y rebajan los requisitos de admisibilidad para el presidente del Tribunal Supremo, algo parecido a lo que el Gobierno de Sánchez quiere introducir ahora para la elección de miembros del CGPJ.

"Nada que ver con España"

El exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, en la actualidad eurodiputado del PSOE, no cree que sean equiparables los casos de Polonia y Hungría con el que se empieza a plantear con España. "Es una falacia que la ultraderecha en Polonia y Hungría quiera equiparar el señalamiento de sus atropellos a las minorías parlamentarias, en sus respectivos países, con una iniciativa legislativa adoptada de acuerdo con la Constitución y con el apoyo del PSOE y de Podemos en el Congreso, que no suman juntos mayoría absoluta y necesitan integrar a otras minorías para poder alcanzarla", subrayó a Vozpópuli.

El procedimiento del artículo 7 contra Varsovia y Budapest "en ningún caso se puso en marcha", advirtió Aguilar, "porque aprobasen una ley, sino porque en el corto espacio de tiempo sacaron cuatro o cinco que volvieron del revés todas las instituciones del Estado".

El eurodiputado socialista insistió en que ambos países dieron sus respectivos pasos infractores con el apoyo únicamente de la mayoría absoluta que apoyaba al Ejecutivo. Es decir, "sin contar con nadie más". "Nada que ver con lo que pasa en España", concluyó.

Fuente: Vozpopuli

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