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Los médicos de los Países Bajos que practiquen la eutanasia a pacientes con demencia grave ahora pueden introducir un sedante en la comida o bebida del enfermo si creen que este puede "agitarse o ponerse agresivo", sin temer correr la suerte de Marinou Arends, una exmédica que fue juzgada por asesinato en 2016, informa Volkskrant.

El comité de revisión de casos de eutanasia de los Países Bajos incluyó la nueva normativa en su código de práctica de la eutanasia en respuesta a la decisión de la Corte Suprema del país de anular en abril la condena de Arends tras una apelación.

¿Por qué acusaron a Arends?

Marinou Arends se enfrentó a un caso penal por aplicar una inyección letal, anteriormente acordada, a una paciente de 74 años tras ponerle un sedante en el café en abril de 2016 para que la mujer no se opusiera a la vía intravenosa, ya que no comprendía lo que estaba sucediendo.

La paciente había escrito en un documento de voluntades anticipadas que no quería terminar en un hogar de ancianos y que si eso ocurría atacaría a los demás residentes, por lo que quería que le practicaran la eutanasia en "un momento adecuado" indica el medio.

Arends vio a la paciente por primera en un asilo de ancianos cuando la mujer ya era mentalmente incompetente. Luego de un extenso examen, la doctora determinó que el sufrimiento de su paciente era insoportable y que la mujer cumplía con los criterios para que se le practicara la eutanasia, una decisión con la que coincidió un segundo médico independiente. Arends puso el somnífero en el café de la paciente tras consultarlo con su familia.

Sin embargo, la exmédica recibió una reprimenda por escrito de la junta médica holandesa por actuar sobre la base de dos "documentos de voluntades anticipadas" en los que la paciente solo decía que deseaba morir cuando considerara que era el momento adecuado, una instrucción que la junta estimó que no era suficientemente precisa. Más tarde, cuando el caso se hizo público, 220 médicos firmaron una declaración en la que condenaban a cualquier médico que sedara "en secreto" a los pacientes a los que se ayudaba a morir.

Nuevas reglas

En abril de este año, la Corte Suprema determinó que Arends no había violado ninguna ley y desestimó la decisión de la junta médica, dictaminando que, si un paciente ya no puede dar su consentimiento, un médico no necesita hacer una interpretación literal de un documento de voluntades anticipadas si las circunstancias no lo permiten.

De acuerdo con el presidente del comité de revisión de la eutanasia, Jacob Kohnstamm, tras la actualización del código los médicos involucrados en casos de eutanasia "ya no tienen que preocuparse de que les suceda algo" como lo que le ocurrió a Arends. El nuevo código establece que, en los casos en los que un paciente presente demencia avanzada, "no es necesario que el médico acuerde con el paciente el momento o la forma en que se administrará la eutanasia".

Además, Kohnstamm indicó que no se puede aplicar la expresión "en secreto" o "de forma encubierta" en el contexto negativo cuando se trata de administrar cualquier remedio a pacientes con demencia. "Lo discutí con los médicos de los asilos de ancianos. Dije que todo tratamiento médico de personas discapacitadas es, en principio, encubierto. Entonces, cuando se trata de una práctica médica adecuada, simplemente no use esa palabra", aseveró.

Países Bajos fue el primer país en legalizar la eutanasia en 2002, procedimiento que se aplica solo a pacientes con enfermedades terminales o demencia grave, cuyo sufrimiento se considera insoportable.

España: El médico podrá pedir la eutanasia para los pacientes sin uso de sus facultades, con testamento vital y sin familia

Cuarenta y ocho horas ha llevado a los partidos de la coalición de Gobierno y sus socios tener listo el informe de la Ponencia sobre la ley de eutanasia. Para la llamada «ley Celaá» hicieron falta alrededor de cinco reuniones, pero apenas han bastado dos para la regulación del «nuevo derecho a morir».

Con 22 votos a favor y 14 en contra (PP y Vox), el texto de la proposición de ley y las enmiendas serán presentadas ahora para ser votadas «artículo por artículo» en la Comisión de Justicia, que posiblemente podría reunirse dentro de tres semanas.

Entre las enmiendas transaccionales destaca una acordada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, Más País y ERC sobre los requisitos que debe reunir «la

solicitud de prestación de ayuda para morir». Estos grupos están de acuerdo que en aquellos casos en los que el paciente «no se encuentre en pleno uso de sus facultades», sea «el médico» el que pueda presentar la solicitud de eutanasia a través «del testamento vital o de un documento equivalente legalmente» suscrito por el enfermo con anterioridad.

Persona mayor de edad

El texto original del PSOE planteaba para esos casos que ese documento fuera presentado «por una persona mayor de edad plenamente capaz» sin hacer referencia a ningún vínculo concreto con el paciente (familiar, amigo, conocido). La nueva enmienda, que según ha podido saber ABC ha sido incluida en el texto provisional de la nueva norma, añade ahora esa potestad también al médico.

«Esta ley ha sido la carta de los Reyes Magos de Podemos al PSOE. Una concesión más de Sánchez a cambio de sacar adelante los presupuestos. Eso es lo que explica las prisas de la Ponencia por pasar el dictamen a la Comisión de Justicia antes de que se celebre el pleno de los presupuestos la semana que viene», aseguró ayer a ABC, José Ignacio Echániz, médico y diputado del Grupo Parlamentario Popular.

La proposición de ley tiene muchos visos de que incorporará la mayoría de las enmiendas transaccionales que se han presentado durante la Ponencia. Gran parte de ellas son el resultado del consenso de varios grupos parlamentarios (PSOE, Podemos, Bildu, Más País, ERC, PNV y Ciudadanos). Salvo PP y Vox, casi todos están de acuerdo con que «la prestación del derecho a morir» se pueda realizar en «el domicilio particular» y que la eutanasia se aplique no solo a los enfermos «incurables», sino también a aquellas personas que sufren «un padecimiento, grave, crónico e imposibilitante».

El texto que votará la Comisión de Justicia sigue planteando además que el fallecimiento por eutanasia o suicido asistido «sea considerado legalmente como muerte natural a todos los efectos» y estaclece también que sea suficiente un año de empadronamiento para poder acceder a esta nueva prestación que será incorporada al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Para Echániz, esta proposición de ley «no pasa el mínimo filtro constitucional». «No han intentado hacer una buena ley sino un bodrio», aseguró el parlamentario. Este periódico ha contactado tanto con PSOE como Podemos, pero han declinado referirse a la Ponencia, «ya que todavía queda mucho trámite parlamentario por delante».

Es probable que el dictamen de la proposición de ley no consiga llegar al pleno del Congreso para su aprobación antes de finales de año.

La sociedad civil considera «inhumana y profundamente discriminatoria» la nueva ley de eutanasia

Más de 27 asociaciones y entidades cívicas han manifestado su rechazo a la ley de eutanasia y exigen su «retirada inmediata» de Congreso de los Diputados, al considerar que su tramitación es «improcedente» en medio de la crisis sanitaria y las miles de víctimas mortales producidas por el Covid-19.

A través de un manifiesto que han hecho llegar a la Cámara Baja, estas organizaciones señalan que la nueva norma es «contraria al ordenamiento jurídico», ya que toda vida humana «posee una dignidad y un valor intrínsecos en toda situación y condición». Además consideran que es «inhumana y profundamente discriminatoria», ya que «acabará aplicándose mayoritariamente a personas con pocos recursos económicos».

Los firmantes tildan «la nueva prestación de ayuda a morir» de «retrógrada» porque en lugar de proteger a las personas que «más amparo público necesitan», como son los enfermos terminales, ancianos y personas con discapacidad, en «el blanco directo» de la eutanasia.

Entre las asociaciones que han promovido esta «Declaración de la sociedad civil contra la legalización de la eutanasia» figuran la Asociación Cultural Amemos, la Asociación Europea de Abogados de Familia, el Centro Jurídico Tomás Moro, el Instituto de Política Familiar, Profesionales por la Ética, Remar, Valores y sociedad, Médicos por la Vida, Vida Digna y Derecho a Vivir, entre otras.

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