Libros Recomendados

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y varias agencias fronterizas han tenido acceso a la información de geolocalización de millones de personas sin su consentimiento.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) aseguró que las empresas Venntel y Babel Street han otorgado datos privados de geolocalización a varias instancias de seguridad del Gobierno de Estados Unidos, entre las que están el Servicio Secreto, la Guardia Costera, la Patrulla Fronteriza, entre otras.

La organización tuvo acceso a estos documentos gracias a una demanda interpuesta bajo amparo del Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), luego de un reportaje publicado en The Wall Street Journal en 2020, en el que se da cuenta de este hecho.

Según ACLU, en los documentos se menciona que, tan sólo Venntel, notificó al DHS que tiene más de 15.000 millones de puntos de localización correspondientes a 250 millones de dispositivos móviles.

La compañía reconoce que, con esta información, las autoridades pueden "identificar dispositivos observados en puntos de interés", así como detectar visitantes constantes, lugares frecuentados y analizar el "patrón de vida para ubicar a personas de interés".

La organización ACLU dice que tiene en su poder documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para utilizar esta información con la finalidad de identificar patrones de migración ilegal, con base en la información de las personas que viven en comunidades fronterizas.

"Buscando a través de este masivo tesoro de información de localización a su capricho, los investigadores del Gobierno pueden identificar y rastrear a sujetos específicos en un área particular, aprendiendo detalles de sus actividades privadas y asociaciones", destaca ACLU.

En otro ejemplo, ACLU menciona que instituciones como la Patrulla Fronteriza han generado bases de datos con 6.168 páginas con registros de localización, con al menos 336.000 lugares ubicados. En algunos casos, como en 2018, los registros acumulaban en tres días más de 113.000 reportes, es decir, 26 puntos de localización por minuto.

En muchos de los documentos obtenidos se menciona que la información no contiene información personal, dado que los datos se asocian a un número y no a una persona. Sin embargo, ACLU advierte que esto es falso dado que la información se usa precisamente para identificar patrones de vida de las personas, sin su consentimiento implícito, pues todos los datos de geolocalización se obtienen de aplicaciones que suelen pedir al usuario su autorización para recolectarlos.

"Por supuesto, esto es un consentimiento ficticio: muchos usuarios de teléfonos celulares no saben cuántas aplicaciones están recolectando información GPS, y ciertamente no esperan que esos datos se vendan al Gobierno a granel", afirma la ACLU.

ACLU: DHS gastó millones en datos de ubicación de teléfonos

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. gastó millones de dólares en datos de ubicación de teléfonos móviles para seguir las acciones de estadounidenses y extranjeros en las fronteras de EE. UU.

ACLU reveló en un informe que DHS gastó millones de dólares en datos de ubicación de teléfonos móviles

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) reveló en un informe el lunes que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) había gastado millones de dólares en datos de ubicación de teléfonos móviles para rastrear las actividades de estadounidenses y extranjeros en las fronteras de EE. UU.

"Los registros publicados arrojan luz sobre los millones de dólares de los contribuyentes que el DHS usó para comprar acceso a la información de ubicación de teléfonos celulares que dos intermediarios de datos en la sombra, Venntel y Babel Street, agregan y venden", se lee en el informe.

Según los documentos obtenidos por la ACLU a través de la Ley de Libertad de Información , las dos empresas y el gobierno intentaban "racionalizar esta venta sin restricciones". Los datos comprados por el DHS permitieron a las fuerzas del orden seguir a personas específicas o a todos en una región específica, identificar las posiciones de sus dispositivos en "lugares de interés", así como aprender sobre visitantes regulares, encontrar patrones y recopilar otra información crucial. La ACLU afirmó que los funcionarios estaban obteniendo información sobre seguridad nacional sin darse cuenta.

"No se debe permitir que el gobierno compre su camino eludiendo las protecciones constitucionales fundamentales contra las búsquedas irrazonables de nuestra información privada", agregó el informe.

La ACLU observó que tanto las corporaciones como las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley intentaban defender sus operaciones alegando en documentos que los usuarios de teléfonos daban libremente sus datos de ubicación .

"Por supuesto, ese consentimiento es una ficción: muchos usuarios de teléfonos celulares no se dan cuenta de cuántas aplicaciones en sus teléfonos recopilan información del GPS, y ciertamente no esperan que esa información se venda al gobierno en grandes cantidades", se lee en el informe. .

La ACLU ha examinado más de 6.000 páginas de información con aproximadamente 336.000 puntos de ubicación extraídos de los teléfonos celulares de las personas. Según la ACLU, un memorando interno del DHS de 2018 sugirió utilizar los datos de ubicación para determinar las tendencias en la inmigración ilegal, que según el grupo "barrería indiscriminadamente información sobre las personas que llevan a cabo su vida diaria en las comunidades fronterizas".

La ACLU solicitó al Congreso de los EE. UU. que exija el fin inmediato de este comportamiento del DHS.

CANAL

 

elespiadigital.com
La información más inteligente

El Tiempo por Meteoblue